La elección presidencial de Venezuela, celebrada el 28 de julio de 2024, ha sido altamente controvertida, con preocupaciones generalizadas sobre su equidad. El presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, busca un tercer mandato a pesar de una oposición significativa. El ambiente electoral ha sido empañado por acusaciones de supresión de votantes, especialmente entre la gran diáspora de venezolanos en el extranjero, quienes enfrentaron grandes obstáculos para registrarse y votar.
El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, surgió como una figura unificadora después de que el gobierno prohibiera a la popular líder opositora María Corina Machado participar en la contienda. A pesar de que González Urrutia lidera en las encuestas, la credibilidad de la elección está bajo escrutinio debido al control del régimen de Maduro sobre instituciones clave, incluido el Consejo Nacional Electoral y el sistema judicial. Observadores y analistas han señalado los movimientos estratégicos del gobierno para privar de sus derechos a los votantes de la oposición y sesgar la elección a favor de Maduro.
La administración de Maduro ha sido criticada por su manejo del proceso electoral, con denuncias de esfuerzos deliberados para dificultar el voto de los venezolanos en el extranjero. El gobierno reabrió el registro de votantes por un breve período, pero con requisitos estrictos y a menudo imprácticos, lo que llevó a un mínimo de nuevos registros. Esto ha alimentado aún más las acusaciones de que la elección no es libre ni justa, exacerbando la desconfianza ya significativa en el proceso electoral.
Actores internacionales y países vecinos de América Latina han sido instados a impulsar negociaciones para asegurar un proceso electoral más transparente. Se han hecho llamados a reformas que permitan una elección más justa, lo que podría llevar potencialmente al alivio de las sanciones de EE.UU. y la recuperación económica. Sin embargo, la probabilidad de tales cambios parece escasa, con el gobierno de Maduro mostrando poca disposición a aflojar su control sobre el poder. La situación sigue siendo crítica, ya que el futuro de la democracia en Venezuela y el bienestar de sus ciudadanos están en juego.
